El Gobierno español ha aprobado un anteproyecto en el Consejo de Ministros que busca reformar de manera integral el acceso a las carreras judicial y fiscal. Las principales medidas incluyen:

• Sistema de Becas: Se legaliza y garantiza el sistema de becas para opositores, asegurando una ayuda mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (1.134 euros mensuales) durante hasta cuatro años. Estas becas, conocidas como "Becas Seré", duplicarán su cuantía actual y serán una política pública permanente para evitar su eliminación futura.
• Centro de Estudios Jurídicos (CEJ): Se crea un organismo público para la preparación de oposiciones, eliminando la dependencia de preparadores privados y combatiendo el negocio ilegal donde jueces y fiscales cobraban hasta 4.000 euros mensuales por preparar a opositores.
• Registro Público de Preparadores: Se establecerá un registro obligatorio para los preparadores, quienes deberán obtener autorización para ejercer, garantizando transparencia y evitando pagos en negro.
• Reforma de las Pruebas de Oposición: Se modificará el formato de las oposiciones, eliminando una prueba oral y añadiendo una prueba escrita anonimizada basada en casos prácticos, para evaluar habilidades más allá de la memorización.
• Cuarto Turno: Se asegura la convocatoria anual y simultánea de plazas para el cuarto turno, permitiendo el acceso a la carrera judicial y fiscal mediante concurso de méritos y experiencia, incrementando su participación del 9,33% actual a una cuarta parte de las plazas.
• Consolidación del Empleo Temporal: Se implementará un proceso selectivo para eliminar la temporalidad en las carreras judicial y fiscal, alineándose con las directrices de la Comisión Europea.
• Cambios Organizativos: Se modificarán los sistemas de especialización, promoción y elección de salas de gobierno de los tribunales superiores, promoviendo mayor equidad y transparencia.
• Comisión de Ética Judicial: Se reformará este organismo para desvincularlo del ámbito disciplinario y garantizar una mayor independencia, con cuatro de sus nueve miembros elegidos por las Cortes.

Esta reforma pretende modernizar la Justicia en España, fomentar la igualdad de oportunidades, impulsar la excelencia y asegurar una mayor pluralidad en los órganos judiciales, eliminando prácticas corruptas y facilitando el acceso a la carrera judicial y fiscal para todos los aspirantes sin condicionantes económicos.